Nos encontramos en el inicio de un año pleno de convocatorias electorales que pondrán sobre la mesa de manera fehaciente la falta de calidad democrática  de una sociedad que excluye a una parte muy importante de personas que forman parte de las decisiones que afectan su vida cotidiana. En este sentido, aun cuando un 15% de la población catalana son personas extranjeras de diversas procedencias, la realidad es que gran parte de estos hombres y mujeres no podrán ejercer o verán limitado su derecho de voto en las próximas convocatorias electorales.

 

Desgraciadamente, desde siempre, la política de extranjería que se ha aplicado en el Estado español se ha limitado a entender el hecho migratorio como una cuestión de gestión de flujos o de control de fronteras, como los hechos recientes en Ceuta y Melilla o la polémica que los CIE ponen de manifiesto. Esta centralidad de los aspectos jurídico administrativos en relación con el hecho migratorio ha relegado a segundo término la promoción de las políticas de acogida de la inmigración, de igualdad de oportunidades, de lucha contra la discriminación  laboral o de fomento de la participación sindical, social y política.

 

Desde siempre hemos denunciado que es éticamente, socialmente y políticamente inaceptable este enfoque restrictivo del hecho migratorio que pone en peligro la convivencia y la cohesión social de nuestra sociedad y deja fuera de juego a miles de personas extranjeras en situación administrativa regular. Estas personas, aun cuando contribuyen con su trabajo al crecimiento de nuestra sociedad y pagan sus impuestos, ven como se les niega el derecho a ejercer plenamente su condición de ciudadanos: el derecho de voto, el derecho a escoger y a ser escogidos, en definitiva, su derecho a opinar sobre las políticas que les afectan.

 

¿Desde qué lógica democrática se puede aceptar dejar fuera del sistema de representación democrática a una parte considerable de la población catalana?

 

Consideramos que nos encontramos ante una cuestión de salud democrática, donde la palabra clave es la ciudadanía y las políticas que las desarrollan, que han de garantizar la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación, la convivencia y la cohesión social, pero también el pleno reconocimiento del derecho de voto. Se trata de una conquista democrática decisiva y con alto contenido simbólico: no se puede hablar de democracia ni de una auténtica integración si se niega el derecho de voto a una parte de la población.

 

Desde este punto de vista, consideramos que la participación de las personas inmigradas en todos los ámbitos de la sociedad, pero especialmente su participación en la vida política- que tiene la máxima expresión en el ejercicio democrático del derecho de voto- sigue siendo aún el principal reto de una política radicalmente diferente en la integración social de las personas inmigradas.

 

Es por eso que hacemos una llamada a las diferentes fuerzas políticas para llevar a término las actuaciones necesarias para extender el derecho de participación en las elecciones democráticas- es decir, el derecho a escoger y a ser escogidos- a las personas extranjeras residentes en nuestro país. Pero también queremos hacer extensiva esta llamada al conjunto de la sociedad civil para que se suma a esta demanda.

 

En estos momentos en que desde diferentes ámbitos sociales se plantea la necesidad de repensar qué modelo de estado y de país queremos, y de poner en marcha un proceso constituyente que conlleve un cambio a favor de un modelo social, económico y político igualitario y participativo, consideramos que es imprescindible poner en el centro del debate el concepto de plena ciudadanía- vinculada a la residencia y no a la nacionalidad-, porque no se puede concebir una Sociedad que se pueda considerar plenamente democrática sin la plena igualdad de todos sus miembros

 

.Barcelona, 5 de mayo de 2015